PRESENTA WALDO FERNÁNDEZ, INICIATIVA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN EL ESTADO.

Con el fin de que se castigue a los servidores públicos por la presunta comisión de un delito, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Waldo Fernández González, presentó una iniciativa de reforma al artículo 207 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

La corrupción en términos simples es definida como el abuso del poder público para obtener un beneficio particular.

Las acciones ilícitas cuestan al país, 347,000 millones de pesos, es decir del 5 al 10 del PIB anuales. Además existen investigaciones periodísticas que muestran que la corrupción que hay en algunas dependencias de gobierno, sin que algunas veces tengan consecuencias jurídicas y sean sancionados los servidores públicos que resulten responsables.

Los medios de comunicación son de suma importancia para el combate de la corrupción, manifestó el diputado, ya que gracias a su investigación periodística se saben que actos ilícitos en el gobierno y sus dependencias. Como ejemplo en la entidad tenemos la nota de “El Norte” del 16 de octubre de 2021: “Roban ISSSTELEON y AyD, 920 millones de pesos anuales”.

Por lo anterior, el diputado de Morena proponer reformar el código Penal para el Estado a quedar como sigue:

“Tratándose de hechos que pudieran constituir la comisión de delitos, presuntamente cometidos por servidores públicos, dados a conocer a través de notas de investigación periodística, será obligación del fiscal anticorrupción generar de oficio la carpeta de investigación respectiva, dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas de  la publicación de la nota, las carpetas de investigación deberán publicarse en el periódico del estado, reservando los datos de los presuntos responsables a fin de garantizar el debido proceso y sus derechos constitucionales. Todo aquel que tenga datos que aportar a la carpeta de investigación respectiva podrá realizarlo con estricto apego a la ley, igualmente serán garantizados sus derechos”. El objeto de esta iniciativa que cualquier persona pueda denunciar presuntos delitos de corrupción dados a conocer a través de los medios de comunicación, a fin de que las autoridades correspondientes abran una carpeta de investigación y se actúe conforme a derecho.