La perspectiva de género es necesaria en toda política nacional. Así lo demuestran las estadísticas de la creciente, pero todavía poca participación política de las mujeres en México y en Nuevo León.
No es un tema de moda o una imposición personal.
Es una realidad; en México las mujeres han padecido violencias sociales, políticas, culturales y estructurales que les han impedido por años ejercer sus derechos.
Violencias que se traducen en una brecha salarial abismal, donde en Nuevo León en promedio los hombres ganan 68.77 por ciento más que las mujeres, lo que la hace ser superior por más de 15 puntos porcentuales al promedio nacional. La brecha salarial llega a ser de hasta 89 por ciento para hombres y mujeres con el mismo nivel de escolaridad.
Violencias que se traducen que Nuevo León sea el primer lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, incidentes relacionados a violación y el segundo lugar en llamadas relacionadas a la violencia familiar. Violencias que hacen que en el estado la violencia familiar sea el delito de mayor impacto más denunciado y donde las mujeres son las víctimas principales.
La participación política de las mujeres es importante porque más allá de saldar las deudas históricas que tenemos con las mujeres.
No se pueden generar políticas públicas para todos si no hay representación de aquellas que conforman más del 50 por ciento de la población. Su participación es importante porque “la atención y solución de las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres es más factible cuando se incorpora la perspectiva de género en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas” como lo ha dicho ONU Mujeres.
En el Estado, a partir del proceso electoral 2017-2018 se implementó la obligatoriedad del registro paritario para las Presidencias Municipales. Para el proceso electoral de 2020-2021 se agregó el lineamiento de paridad en las candidaturas a las diputaciones locales. Con ello en 2021 se eligieron a 9 alcaldesas y 11 diputadas locales. También se determinó que exista paridad en el Congreso.
Pero esto no es suficiente. La paridad no ha sido reconocida y mucho menos ejercida a nivel administrativo a nivel estatal y local, ni tampoco a los órganos judiciales. Actualmente sólo el municipio de San Pedro tiene un gabinete paritario, mientras que de 14 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sólo 3 son mujeres. En el Gobierno Estatal, de un total de trece, solo hay dos mujeres al frente de las Secretarías. Por el contrario, el Gobierno Federal es el primero en la historia en tener un gabinete paritario, e incluso en tener a una mujer en el puesto más importante del gabinete.
La paridad transversal en Nuevo León necesita convertirse en una realidad.
Sin la participación de las mujeres, no podremos generar políticas públicas incluyentes que generen un cambio verdadero y solucionen de fondo los problemas que enfrentamos.
Es tiempo de crear mecanismos institucionales que garanticen la paridad en todas las instituciones estatales. La paridad está ya reconocida en la Constitución Federal, ¿para cuándo en Nuevo León?
Ya no hay excusas.